Abstract
En atención a la importancia que ha adquirido durante los últimos años el control de fusiones y adquisiciones instaurado bajo la Ley de Defensa de la Competencia N° 25.156, se observa que es necesario instalar en nuestro país un debate profundo sobre la incidencia de la política económica en el campo de la defensa de la competencia. Resulta entonces interesante reflexionar acerca de las facultades conferidas a la autoridad de aplicación y sus decisiones más recientes, sin desatender los antecedentes provenientes de países influyentes en materia de derecho antitrust y los principios de nuestra Constitución Nacional.