La aplicación de los principios del derecho penal al derecho administrativo disciplinario
Abstract
En este trabajo se pretende determinar si los principios del derecho penal se aplican al derecho disciplinario en el marco del empleo público nacional. Para ello, en primer lugar, analizaremos la potestad disciplinaria y la categorización del vínculo del empleado público con la Administración pública como “relación de especial sujeción”, en la medida en que con esta clasificación ocasionalmente se pretende limitar la aplicabilidad de los mencionados principios al ámbito disciplinario.
Determinado ello, nos centraremos en el estudio de las distintas posturas esbozadas al respecto –negatorias, afirmativas e intermedias–, junto con el análisis de la recepción normativa de los mencionados principios.
Luego, analizaremos los principios más relevantes en la materia, a saber: el derecho de defensa, el proceso adjetivo y la tutela judicial efectiva; la legalidad y, en particular, sus manifestaciones: reserva de ley, tipicidad, irretroactividad y ley penal más benigna, además de los principios de razonabilidad, proporcionalidad y el exceso de punición; non bis in idem; culpabilidad y prescripción.
Así, basándonos en el análisis particular de todos y cada uno de ellos, podremos arribar a una conclusión fundada respecto a si los referidos principios son aplicables en el ámbito disciplinario y en qué medida. En tal sentido, adelantando la conclusión a la que arribaremos, entiendo que toda vez que actualmente se encuentran consagrados en la Constitución nacional, la Ley 25164 Marco de Regulación del Empleo Público Nacional y/o la Ley nacional 19549 de Procedimientos Administrativos, no cabe negar su aplicación al ámbito disciplinario, por lo que pierden sustento las posturas negatorias de todos o algunos de los referidos principios, corriéndose la discusión al alcance de su aplicabilidad, todo lo cual será examinado seguidamente. The purpose of this study is to establish whether criminal law principles are applicable to
disciplinary law within federal public service employment. In doing so, the analysis begins
considering the disciplinary power and the categorization of the public agent’s bond with the
Public Administration as a “special subjection relationship”, since that classification is usually
used to restrain the applicability of the named principles in the disciplinary field.
The focus will be on the different opinions on the matter, that is to say, the ones that reject or approve
this application, and the ones that lie somewhere in between and also their legislative recognition.
The key principles on the matter will be examined, such as the right to a fair trial, legality and
its different elements, proportionality, reasonableness, excessive punishment, double jeopardy,
culpability and statute of limitations.
All things considered, we will be able to conclude whether those principles are actually applicable
in disciplinary law and to what extent. Therefore, anticipating my conclusion, and taking
into account that all of them are actually recognized in the National Constitution and specific
Administrative Laws Nos. 25164 and 19549, it can easily be seen that its applicability cannot
be denied. The opinions that totally or partially reject the application of criminal law will be
shown as weak.
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