| dc.description.abstract | Hace ya varias décadas se ha instaurado en la agenda de los Estados una problemática difícil de resolver, esto es, la corrupción. En tiempos pasados, ésta era entendida como un delito que no tenía víctimas, pero con el devenir, los Estados advirtieron que los hechos de corrupción tenían incidencia directa en su desarrollo y concretamente afectaba a los sectores más vulnerables, generando grandes desigualdades sociales, motivo por el cual a partir de fines de la década de los setenta y principios de los ochenta su estudio fue central. En la actualidad, es una preocupación constante intentar conocer las causas que la generan a fin de poder darle batalla en todos los terrenos. Se desarrollaron entonces diferentes estrategias para combatirla, aprobándose distintos instrumentos que son el resultado de la voluntad de la comunidad. Sin embargo, en dichos tratados se ha dejado de lado un instituto que sumado a los que allí se establecen, podría ser un elemento más para la lucha contra la corrupción, esto es la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios públicos. En el presente trabajo, se pretende demostrar que aquella, puede resultar una herramienta útil de lucha contra la corrupción, tanto en la instancia preventiva como represiva y a su vez se convierte en un arma eficaz para la protección y garantía de los derechos fundamentales de los habitantes del Estado, y se redefinirá su concepto en el marco de la vigencia del Estado constitucional (social) de derecho. Así, se hará especial referencia a la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. | en_US |
